Editorial

Derecho a la información

 

 

Enrique Larios, presidente municipal del Teul, ha decidido que mientras Domingo 7 haga mal uso de la información, las juntas del ayuntamiento seguirán siendo privadas.  Con el apoyo de la mayoría de regidores del PRD declaró privadas las sesiones del 15 de enero (suspendida), 17 de enero, 29 de enero (extraordinaria) y 27 de febrero. Muchas sesiones secretas para tan poco tiempo y, sobre todo, sin haber motivos reales.

¿Quién está en el error: el presidente municipal que cierra las puertas a Domingo 7; o Domingo 7 que quiere entrar a las juntas de cabildo? ¿Por qué es necesaria la información? ¿Qué comprende el derecho a la información? ¿De quién es la información: del gobierno o del pueblo? ¿Quién puede limitar una libertad fundamental?

En 1977 se establece en el artículo 6º constitucional: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Sin embargo, no se creó ninguna institución para que este derecho fuera efectivo.

En 1998 el diputado federal Javier Corral presentó una iniciativa de ley para que la información en manos de los gobernantes no fuera secreta, de modo que los documentos y los datos gubernamentales pudieran ser conocidos por los ciudadanos. Esta propuesta no fue atendida.

En 2001 un grupo amplio de ciudadanos se reunieron en Oaxaca para discutir sobre el derecho a la información. Concluyeron que el acceso a la información es un derecho universal, y que por lo tanto, la información en poder de los gobernantes, no es de ellos, sino del pueblo.

En la LVIII Legislatura federal el PRD presentó una iniciativa para regular el derecho a la información. En resumen, la propuesta perredista establecía que una república, los gobernantes deben responder a la ciudadanía que confió en ellos. Eso da el derecho ciudadano de controlar las acciones y el manejo de los recursos que utiliza el gobierno. Y la información pública es manera principal como la gente sabe lo que hace el gobierno y lo que gasta. La iniciativa concluía que una sociedad informada está preparada para combatir los excesos de poder.

Más tarde, el presidente de la república, Vicente Fox, presentó una iniciativa de ley de acceso a la información pública, para garantizar el derecho a la información.

Con los aportes del Grupo Oaxaca, de la iniciativa del PRD y la propuesta del presidente de la república, en 2002 se creó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como un instrumento jurídico para que los ciudadanos y los periodistas pudieran tener acceso a información que antes era considerada secreta o propiedad de los gobernantes. Y también esta ley garantiza que dicha información sea difundida sin temor a recibir amenazas de parte de autoridades que no están dispuestas a rendir cuentas a la sociedad.

En julio de 2004 entra en vigencia la Ley de Acceso a la información Pública en el Estado de Zacatecas, con el mismo fin que la ley federal.

El artículo 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

El derecho a la información es parte de la libertad de expresión, derecho que significa que todas las personas podemos buscar, recibir y difundir información e ideas de toda clase. Estos dos derechos son herramientas ciudadanas para evitar abusos de poder, corrupción y que las autoridades hagan lo que se les pegue la gana, sin que tengan contrapesos.

Esto quiere decir que la información, los documentos y los archivos en manos de las autoridades no es propiedad de quien gobierna. La información pública es un derecho de la población, que tiene que saber lo que hacen, lo que gastan, lo que deciden sus gobernantes. Los actos de las autoridades civiles deben de ser públicos. Nada tienen que hacer a escondidas y de espaldas al pueblo. Se acabó el tiempo en que los gobiernos hacían y deshacían y a nadie rendían cuentas.

El presidente municipal y la mayoría del ayuntamiento decidieron hacer reuniones secretas, para que la información no salga. Están actuando mal. No fueron elegidos para eso. Tienen el deber de abrirse a la sociedad. Tienen el deber de dar las facilidades para que la ciudadanía y la prensa busquen, reciban y comuniquen ideas e información que servirá para formar una población informada y más consciente de lo que pasa. Sin información pública no hay ciudadanía, no hay participación social, no hay propuestas para mejorar las cosas.

Enrique Larios alega que se le falta al respeto y que se hace mal uso de la información. Ambas afirmaciones son falsas. Faltarle al respeto sería decir mentiras de lo que hace el presidente, levantarle falsos, inventarle delitos que no ha cometido. Y tampoco hacemos mal uso de la información, al contrario, hacemos buen uso de ella, puesto que la recibimos, la analizamos y procuramos difundirla para que el pueblo esté enterado.

La propia Constitución establece lo que no se debe hacer con la libertad de expresión: atacar a la moral, impedir los derechos de un tercero, provocar algún delito, perturbar el orden público, meterse en la vida privada de las personas, alterar la paz pública. En Domingo 7 hemos sido responsables con lo que decimos. Siempre tenemos respaldo de lo que escribimos y eso que escribimos contribuye a la discusión y la formación de la conciencia ciudadana.

El presidente municipal y la mayoría perredista están violando el artículo 6º de la Constitución Federal y la Ley de Acceso a la Información Pública. Están negando el derecho de la sociedad a tener información real, oportuna y completa. Domingo 7 simplemente ejerce un derecho, el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información pública. La gente tiene derecho a saber y los gobernantes tienen obligación de rendir cuentas y actuar de cara a la población.